La Comisión de Hacienda ha dictaminado a favor de exonerar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) en la adquisición de plantas de café a viveristas e insumos agrícolas, así como en la contratación de servicios relacionados con el cultivo del café.

Esta iniciativa surge con el propósito de mejorar la producción y productividad sostenible en las fincas cafetaleras de diferentes regiones del país y brindar apoyo a los pequeños y medianos viveristas.

Durante la mesa de trabajo, la directora legal de Agricultura, Jackeline Campos, y el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Café, Mauricio Sansivirini, explicaron que esta propuesta se enmarca en el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, específicamente en el Pilar Dos: “Despegue Sostenible del Café”, con el objetivo de contribuir a la reactivación de la producción de café de manera resiliente y mejorar la productividad en el cultivo, la rentabilidad de los productores y los servicios ecosistémicos.

Campos destacó el compromiso del MAG en garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la industria cafetalera.

Por su parte, Sansivirini detalló que El Salvador cuenta con alrededor de 20 mil productores de café, donde el 88 % posee menos de 10 manzanas. Durante 2024, se invertirán $1,443,580.00 de fondos del Gobierno y $5,253,655.00 de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para la adquisición de plantas e insumos.

La exoneración del IVA beneficiará a más productores y permitirá adquirir 3,608,950 plantas, cubriendo aproximadamente 1,444 manzanas. Sansivirini señaló que, de no aplicarse esta exoneración, 167 manzanas quedarían fuera de la cobertura estimada. Además, destacó que el programa de entrega de plantas ha permitido ordenar procesos y verificar que estas lleguen realmente a los productores y sean sembradas.

Presidencia sancionó la extensión al plazo para la entrada en vigencia de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria hasta el nueve de agosto de dos mil veinticuatro, con su publicación en el Diario Oficial del 23 de marzo.

Esta decisión se fundamentó en la necesidad de garantizar una transición efectiva y preparar adecuadamente la transferencia de actividades, competencias, funciones y atribuciones hacia la Superintendencia, así como en optimizar su conformación para ejercer plenamente la regulación prevista.

La nueva normativa establece la creación de la Superintendencia Sanitaria como una entidad autónoma en términos financieros y administrativos, encargada de gestionar el registro sanitario de productos, autorizar su comercialización y garantizar su seguridad y calidad.

La Superintendencia contará con diversas intendencias especializadas, encargadas de supervisar aspectos específicos relacionados con la regulación sanitaria, como la de Productos Farmacéuticos y Afines, la de Alimentos, Bebidas y Productos Afines, y la Agropecuaria y de Vigilancia.

La legislación también prevé la transferencia de activos desde instituciones como la Dirección Nacional de Medicamentos, el Consejo Superior de Salud Pública, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería hacia la Superintendencia, con el fin de asegurar una transición fluida en la supervisión y regulación de los productos sanitarios.

Además, se derogan ciertos artículos de la Ley de Medicamentos relacionados con la creación, atribuciones y estructura de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), que serán asumidas por la Superintendencia, junto con otras entidades competentes en el ámbito de la regulación sanitaria.

Presidencia sancionó extender hasta el 28 de marzo de 2025 las disposiciones especiales y transitorias para la adquisición, contratación y pagos de obras, bienes y servicios relacionados a proyectos de turismo.

Según estas disposiciones, el pago de obligaciones derivadas de los procedimientos se realizará una vez que los bienes o servicios hayan sido recibidos a satisfacción por la supervisión correspondiente. Además, se permiten anticipos respaldados por garantías.

Estas medidas también contemplan la posibilidad de otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos relacionados con adquisiciones y contrataciones, cuando produzcan efectos favorables y no lesionen derechos de otras personas.

La administración pública queda eximida de responsabilidad, limitándose esta a las personas naturales o jurídicas participantes en la ejecución de los proyectos.

Se permite la adjudicación por conexión, priorizando a quienes hayan demostrado capacidad y celeridad en contrataciones anteriores con la administración pública o estén ejecutando proyectos de utilidad pública.

La normativa otorga exenciones fiscales específicas a la administración pública, contratistas y subcontratistas involucrados en la supervisión, planificación, diseño y construcción de proyectos turísticos. Estas incluyen exención del Impuesto a la Transferencia de Bienes muebles y a la Prestación de Servicios, así como exenciones en impuestos, aranceles y/o gravámenes en la importación e internación de materiales y equipos necesarios.

Las disposiciones transitorias permiten a la administración pública realizar adquisiciones, contrataciones y pagos de obras, bienes y servicios relacionados con proyectos de turismo sin seguir la Ley de Compras Públicas durante seis meses.

En el Diario Oficial del 23 de marzo fue publicada la prórroga a la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de los Precios Básicos hasta el 31 de marzo de 2026. Esta normativa, en vigor hasta el 31 de marzo de 2024, extiende su alcance para continuar con las medidas de alivio económico.

El propósito de esta iniciativa es mitigar los efectos de los altos precios generados por la inflación mundial en los productos básicos y otros artículos de alta demanda en los hogares salvadoreños. Esta sería la segunda vez que se prorroga esta medida.

El decreto exime del pago del Derecho Arancelario a la Importación (DAI) y fue originalmente aprobado en marzo de 2022 como respuesta a la crisis provocada por la invasión rusa en Ucrania. A lo largo del tiempo, se han incorporado diversos productos a la lista de exentos, como la carne de res, carne de pavo, huevos de gallina, carne de cerdo, pollo, vegetales y frutas.

La ley establece que para la aplicación de esta medida no se requerirá presentar permisos previos a la importación, emitidos por las autoridades competentes. Solo se deberá cumplir con la documentación aduanera necesaria para el régimen de importación definitiva, así como presentar una declaración jurada ante la autoridad aduanera que confirme el cumplimiento de los requisitos de inocuidad y calidad establecidos por la legislación salvadoreña.

Entre los productos exentos de aranceles se encuentran aceites y mantecas, arroz, azúcar, cebollas, chiles, fertilizantes, frijol negro, frijol rojo, harina de maíz, harina de trigo, leche fluida, maíz amarillo, maíz blanco, naranjas, papas, plátanos, repollo, tomates, trigo en cereal y alimentos para animales.

La Asamblea Legislativa ha ratificado tres contratos de préstamo destinados a proyectos de desarrollo. Estos préstamos, con financiamiento internacional, tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial, promover oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades, y fortalecer la protección social en el país.

El primer contrato, aprobado con 73 votos, implica un préstamo de hasta $150 millones con el BIRF para financiar el «Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador». Este proyecto se centrará en mejorar la red vial nacional en la zona Norte de San Salvador, especialmente en áreas como Apopa, Tonacatepeque y Ciudad Delgado. Se incluye la construcción de un paso a desnivel para mejorar la movilización del transporte de carga.

El segundo contrato, también con el BIRF y por el mismo monto de hasta $150 millones, recibió el respaldo de 67 legisladores. Este préstamo está destinado al «Proyecto Promoviendo Oportunidades de Empleo y Desarrollo de Habilidades en El Salvador». Se busca mejorar la calidad de vida y generar oportunidades de empleo y habilidades en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán y Usulután.

El tercer contrato de préstamo, aprobado por 66 diputados, será con el BID por un monto de hasta $100 millones. Este financiamiento respaldará el «Programa para la Protección Social Responsiva a Choques en El Salvador», que tiene como objetivo fortalecer la protección social del país ante posibles choques económicos.