La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha lanzado una segunda convocatoria para evaluar a los abogados y notarios sobre el nivel de conocimiento en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El cuestionario, dividido en cuatro secciones y compuesto por 30 preguntas, abarca desde datos generales hasta políticas de prevención. A través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados, los participantes pueden acceder al cuestionario y completarlo antes del miércoles 15 de mayo de 2024.

Al término de la encuesta, se solicita a los participantes aceptar una declaración jurada. Este proceso se realiza en línea para garantizar la autenticidad y veracidad de las respuestas.

La Corte Suprema de Justicia subraya la importancia de esta evaluación en el contexto actual, donde la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros es crucial para mantener la integridad del sistema legal y financiero del país.

El pasado viernes marcó el cierre de la audiencia de sentencia contra el exministro de la Defensa Nacional y exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Victoriano Munguía Payés. En este proceso, también comparecieron su madre, Blanca Lidia López Méndez; su hija, Blanca Patricia Munguía Molina, y su hermano, José Roberto Dheming Valle.

El veredicto final está programado para ser emitido el próximo 24 de mayo.

Los fiscales encargados del caso buscan que nueve inmuebles, incluyendo un rancho de playa, tres vehículos y nueve depósitos a plazo fijo, pasen a manos del Estado, sumando un monto total de $4,638,164.91 dólares.

Después de quince jornadas extendidas durante aproximadamente dos meses, desde febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene la convicción de haber demostrado ante el Juzgado de Extinción de Dominio, con una variedad de pruebas documentales y periciales, que el exfuncionario, durante su desempeño en diversos cargos entre 2009 y 2018, desvió fuertes sumas de dinero público en beneficio personal y el de su familia.

Este presunto desvío de fondos habría permitido la adquisición de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) anuncia una próxima actualización en su plataforma de intercambio de información, el Correo Electrónico Privado (CEP), a partir del lunes 22 de abril de 2024.

Según lo comunicado por la UIF, el CEP actual será dado de baja el viernes 19 de abril a partir de las 16:00 horas. Sin embargo, la información existente en la plataforma actual será trasladada a la nueva versión, asegurando su disponibilidad para consulta.

El acceso a la nueva versión del CEP se mantendrá a través del mismo enlace utilizado actualmente (https://ficep.uif.gob.sv). Además, se destaca que las credenciales de acceso permanecerán sin cambios, siendo las mismas utilizadas por los oficiales y encargados de cumplimiento para ingresar al portal UIF.

La UIF ha puesto a disposición de los usuarios un manual de usuario para facilitar la transición a la nueva versión del CEP. Este manual puede ser consultado en el siguiente enlace: Manual de Usuario CEP

Ante cualquier duda adicional, se invita a los usuarios a contactar a la Unidad de Investigación Financiera a través de sus canales de comunicación habituales.

La Corte Suprema de Justicia ya ha informado a los abogados inscritos para la Prueba de Suficiencia de Autorización para el Ejercicio de la Función Pública del Notariado 2024, la fecha en la que realizarán el simulacro obligatorio, ya sea el 22 y 23 de abril próximos.

Se realizarán cuatro simulacros durante las fechas para conocer y adaptarse al sistema y solventar dudas de los participantes. La CSJ ha utilizado la plataforma de servicios.csj.gob.sv para comunicar a los participantes. Anteriormente la CSJ informó que toda información y comunicación oficial será realizada por medio de la plataforma.

Los simulacros se desarrollarán en cuatro jornadas, el lunes 22 de abril de 4:00 p.m a 5:00 p.m y de 5:10 p.m a 6:10 p.m; y el martes 23 de abril de 4:00 p.m a 5:00 p.m y de 5:10 p.m a 6:10 p.m.

Entre los requisitos establecidos por la CSJ para la realización del examen del notariado de este año se encuentra el contar con una velocidad de internet de mínimo de 10 megabits por Segundo o Mbps.

Como requisito técnico mínimo el examinado deberá contar con un equipo de mínimo 4GB de RAM, procesador Core i3 o superior, cámara de 720p y micrófono, Win 7 o MacOS Catalina o superior. La CSJ recomienda el uso de Google Chrome o Microsoft Edge actualizado. Se recomienda limpiar el caché e historial de navegación previamente de la prueba.

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador inició la fase de alegatos finales de la Fiscalía General de la República en el caso que involucra al exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y a sus familiares.

Se ha solicitado que el Estado salvadoreño se quede con bienes, inmuebles y cuentas bancarias valuadas en $4,638,164.91, que fueron decomisadas al exfuncionario y a sus parientes.

Durante la audiencia, se incorporaron pruebas documentales recopiladas durante la etapa de investigación, mientras que el exministro solicitó estar presente para escuchar los alegatos finales, que se espera que duren tres días. El traslado de Munguía Payés fue gestionado por el juzgado para permitir su participación en la audiencia de sentencia.

Además de los bienes a nombre del exministro, la Fiscalía ha solicitado que también pasen al Estado aquellos que están registrados a nombre de su madre, Blanca Lidia López Méndez, su hermano José Roberto Dheming Valle, y su hija, Blanca Patricia Munguía Molina.

El proceso judicial se centra en el desvío de fondos públicos por parte de Munguía Payés entre los años 2014 y 2019, durante los cuales se estima que movilizó $4,638,164.91 del Estado para la compra de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo. La audiencia de sentencia contempla la incorporación de la prueba documental y la presentación de los alegatos finales en el Tribunal Especializado de Extinción de Dominio.