El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el lanzamiento de FINLAC, una «ventanilla única» diseñada para promover la inclusión financiera en Latinoamérica y el Caribe, asegurando que las personas más vulnerables puedan acceder a los servicios financieros que necesitan.

La iniciativa FINLAC apoyará a gobiernos y empresas, promoviendo la innovación en el desarrollo e implementación de políticas, reformas y prácticas que creen mercados financieros inclusivos, según detalló el BID en un comunicado.

El banco destaca que América Latina y el Caribe son regiones notablemente desatendidas en términos de servicios financieros, con aproximadamente un 27 % de las personas mayores de 15 años excluidas de servicios financieros formales, en contraste con el 3 % en países de altos ingresos.

Además, solo tres de cada diez personas de 15 años o más han obtenido un préstamo de una entidad financiera en el último año en la región, en comparación con tres de cada cinco en naciones de ingresos altos.

Entre las poblaciones vulnerables a las que se dirige esta iniciativa se encuentran las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, las mujeres, los migrantes, las personas de la tercera edad y las micro y pequeñas empresas.

Según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), las Ruedas Virtuales de Negocios de las Cadenas Agroalimentarias en América Latina y el Caribe han generado un impacto significativo en la región, beneficiando a más de 4,000 empresas y logrando una intención de negocios que supera los USD 198 millones.

Estas son impulsadas por la colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC),

Durante el período de 2020 a 2024, se llevaron a cabo 8 ediciones exitosas de estas Ruedas Virtuales de Negocios, en las cuales se promocionaron productos agroalimentarios y se facilitó el contacto entre empresas de la región, así como el acceso a servicios relacionados con el comercio internacional.

Uno de los aspectos destacados es el aumento en la participación de empresas lideradas por mujeres. Mientras que en 2020 representaban el 22% de los participantes, en 2023 alcanzaron el 50%, lo que contribuye a incrementar la visibilidad y la participación femenina en el sector agroalimentario, promoviendo su autonomía económica.

Los productos más ofertados durante estos eventos han sido frutas y vegetales, café y cacao, preparaciones alimenticias, miel, bebidas a base de jugos naturales, y salsas y condimentos, entre otros. Además, se ha brindado una representación destacada de servicios como asesoría aduanera, logística y comercio exterior.

El alto nivel de satisfacción entre los participantes, cercano al 90%, ha motivado la programación de dos ediciones adicionales para el año 2024, evidenciando el éxito y la relevancia de estas iniciativas para fomentar el comercio agroalimentario intrarregional y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional en la región.

Las palabras de los representantes de las instituciones colaboradoras resaltan la importancia del trabajo conjunto en beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del sector agropecuario, fortaleciendo la seguridad alimentaria, la innovación y el desarrollo económico en los países de la región.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ha publicado su informe anual 2023 sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, revelando preocupantes hallazgos, entre ellos, 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración.

Según el informe, estas desapariciones forzadas estuvieron precedidas por detenciones arbitrarias y fueron presentadas en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre pasado. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) documentó además 123 casos similares en el mismo año, señalando a las fuerzas estatales, como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como los principales responsables de estos actos.

El OUDH resalta que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha remitido 26 oficios a la Fiscalía General de la República (FGR) por casos de desaparición forzada, aunque esta cifra dista mucho de las denuncias reportadas por personas e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país.

Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, señala que la falta de transparencia en la información dificulta tener datos concretos sobre los casos de desapariciones. Sin embargo, destaca el papel crucial de las organizaciones que acompañan a las víctimas en la visibilización de esta problemática. Rodríguez también subraya que los jóvenes son la población más vulnerable, especialmente aquellos entre los 18 y 25 años.

La falta de información sobre el paradero de personas detenidas, incluso por parte de sus propias familias, ha llevado a calificar algunas situaciones como desapariciones forzadas de corta duración. Esta situación, antes poco frecuente, ahora se ha incrementado, siendo atribuida a agentes del Estado, según denuncias de las organizaciones de derechos humanos.

El gobierno de El Salvador y el de Zimbabue, país ubicado en el sur de África, han establecido relaciones diplomáticas a partir del 16 de febrero de 2024, según lo formalizado en un comunicado conjunto publicado en el Diario Oficial de El Salvador.

En el comunicado, ambas partes manifiestan su compromiso con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Destacan su creencia en la igualdad entre Estados, el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial, así como la importancia de la independencia y el respeto a los instrumentos internacionales, incluida la no injerencia en asuntos internos de otros Estados.

Además, expresan su respeto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

El acuerdo, firmado en inglés y español en Nueva York, Estados Unidos, fue certificado por la directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de marzo de 2024. La Cancillería también anunció simultáneamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con Benin y Cabo Verde, en línea con la proyección global del gobierno salvadoreño y su creciente presencia en África.

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador inició la fase de alegatos finales de la Fiscalía General de la República en el caso que involucra al exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y a sus familiares.

Se ha solicitado que el Estado salvadoreño se quede con bienes, inmuebles y cuentas bancarias valuadas en $4,638,164.91, que fueron decomisadas al exfuncionario y a sus parientes.

Durante la audiencia, se incorporaron pruebas documentales recopiladas durante la etapa de investigación, mientras que el exministro solicitó estar presente para escuchar los alegatos finales, que se espera que duren tres días. El traslado de Munguía Payés fue gestionado por el juzgado para permitir su participación en la audiencia de sentencia.

Además de los bienes a nombre del exministro, la Fiscalía ha solicitado que también pasen al Estado aquellos que están registrados a nombre de su madre, Blanca Lidia López Méndez, su hermano José Roberto Dheming Valle, y su hija, Blanca Patricia Munguía Molina.

El proceso judicial se centra en el desvío de fondos públicos por parte de Munguía Payés entre los años 2014 y 2019, durante los cuales se estima que movilizó $4,638,164.91 del Estado para la compra de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo. La audiencia de sentencia contempla la incorporación de la prueba documental y la presentación de los alegatos finales en el Tribunal Especializado de Extinción de Dominio.